Publicado: Guatemala, 22 de julio del 2025
¿Democracia o intervencionismo disfrazado? Carroll Ríos de Rodríguez explica cómo iniciativas progresistas internacionales promueven un modelo que expande el poder estatal a costa de la libertad individual.
La palabra democracia, entre ciertos políticos, es una consigna para avanzar el intervencionismo estatal. Así se detecta en la Cumbre de la Democracia del expresidente estadounidense Joe Biden, y su derivado, el programa Democracy Delivers (Democracia Impulsa) de la agencia para el desarrollo estadounidense, Usaid. Lo mismo parece reflejar la Cumbre Democracia Siempre, precedida de una declaración escrita por el presidente chileno Gabriel Boric y suscrita por cuatro presidentes progresistas.
En 2021, Estados Unidos convocó a la primera reunión de la Cumbre de la Democracia. Al año siguiente, Usaid lanzó la iniciativa Democracy Delivers (Democracia Impulsa). Guatemala se adhirió en 2024. La hipótesis de la exadministradora de Usaid Samantha Power es la siguiente: las poblaciones frustradas suelen clamar por el “autócrata” luego de que un gobierno “democrático” fracasa en proveer a la población los bienes y servicios prometidos. Como país donante, Estados Unidos debe acudir velozmente al auxilio de presidentes electos para ayudarlos a desarrollar los proyectos prometidos en campaña. En consonancia con esta idea, un boletín oficial de Usaid aplaude el “cambio histórico” en Guatemala al elegir un “reformador anticorrupción” y anuncia ayudas monetarias que se destinan a una gran diversidad de programas sociales para la mujer, vivienda, ambiente, la gobernanza digital y más.
Boric y sus amigos advierten que la democracia enfrenta múltiples amenazas. La primera amenaza es el creciente autoritarismo en la región, pero además listan las desigualdades, las violaciones a los derechos fundamentales, los discursos de odio y la desinformación. Según Boric, los gobiernos fortalecen la democracia a través de reformas estructurales “para enfrentar la desigualdad”, así como recurriendo a estrategias de “multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos”.
Estos planteamientos dan por sentado que el gobierno debe ejecutar agresivas políticas de redistribución. Los burócratas deciden cuáles son los grupos víctimas de la injusticia social, qué actividades son compatibles con la sostenibilidad ambiental y cuáles interlocutores deben ser castigados por expresiones de odio. De allí que Democracia Impulsa contempla financiar no solo la participación ciudadana en procesos políticos, sino un abanico de programas sociales.
Los redistribucionistas confían en la planificación y ejecución estatal, y no en la cooperación voluntaria y libre. Los gobernantes se convierten en los coordinadores y protagonistas de las arenas política, económica y social. Usan la coerción estatal (con talante autoritario, por cierto) para expropiar a unos y privilegiar a otros. Irónicamente, las burocracias abultadas y escleróticas no rinden los resultados anhelados, ni siquiera apuntalados por millones de dólares en donaciones internacionales. La cacareada reforma estructural y la igualdad de resultados nunca llegan, mientras los regímenes progresistas se aferran al poder y se tornan cada vez más autoritarios, como hicieron Hugo Chávez y Evo Morales.
En realidad, las democracias más estables son repúblicas constitucionales y liberales. Parten del principio de que la persona es el centro y la razón de ser del orden social, y que la función primordial del gobierno es garantizar la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos. Los gobiernos son impedidos de centralizar el poder e intervenir en los mercados libres. El ambiente sociocultural es plural. La idea es que sean los ciudadanos quienes retengan cuotas efectivas de poder y que ellos procuren así prevenir la tiranía.