Publicado: Prensa Libre / Guatemala, 15 de agosto del 2025
¿Rescatar o saquear? Jorge Jacobs explica cómo el convenio del Gobierno con la Unops para el Aeropuerto Internacional La Aurora esconde sobreprecios, conflictos de interés y la intención de usar fondos públicos para favorecer a privados.
El gobierno anunció un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para “rescatar” el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Tras una supuesta confusión inicial en la que se habló de US$250 millones, la cifra oficial se fijó en un techo de US$121 millones. El objetivo, dicen, es adquirir equipos indispensables y remozar una infraestructura que se cae a pedazos por casi dos décadas de abandono estatal. ¿Es todo tan pulcro e inocente como lo presentan?
La narrativa suena necesaria, pero los números no. Tengo serias sospechas de que la cifra inicial de US$250 millones no haya sido un error, sino el objetivo original, y que, ante el escándalo que suscitó, las autoridades bajaron sus expectativas a “solo” US$121 millones. Además, hay un préstamo que todavía no ha autorizado el Congreso que subiría el monto a US$450 millones. Análisis técnicos y desgloses detallados a los que he tenido acceso de las reparaciones que se necesitan para renovar completamente el AILA, que incluyen prácticamente todo, salvo botar el edificio y volverlo a levantar, sitúan la inversión necesaria en poco más de US$50 millones. La pregunta del millón es: ¿en qué planean gastar los US$70 millones de diferencia? No es un mero error de redondeo; es un sobreprecio de casi el 140% que va mucho más allá de la “comisión administrativa” de la Unops. ¿Cómo lo justifican?
La elección de Unops en lugar de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo técnico de la ONU para el sector, es otra bandera roja. El gobierno la justifica, convenientemente, en que supuestas disputas legales con la OACI lo imposibilitan. Dicen que no es problema porque, como ambas pertenecen al sistema de la ONU, igual se pueden compartir información y que, aun si no, la Unops tiene alguna experiencia con aeropuertos. Pues si ambas instituciones son parte de la ONU, me parece sospechoso que esta no pueda resolver las “disputas legales”. Según tengo entendido, lo que pasa es que la OACI tiene todavía algunos fondos disponibles para utilizar en el AILA, que por la ineficiencia local —incluida la actual— no se han utilizado. Además, existe una vinculación familiar del presidente con un alto funcionario de la Unops. El conflicto de interés salta a la vista. Todas las apariencias sugieren que eligieron al socio más conveniente, no al más competente, lo que añade opacidad al trato.
La hipótesis más probable es que esta costosa remodelación es solo la antesala del verdadero objetivo: “poner bonito” el aeropuerto con fondos de los tributarios para entregarlo luego en concesión a algún operador amigo. Lo más irónico es que se ignoran deliberadamente modelos exitosos que ya existen en Guatemala, como Combex, la entidad privada no lucrativa que administra la terminal de carga aérea de forma eficiente. ¿Por qué no tomar en cuenta un modelo que funciona? ¿Será porque allí “no hay negocio”?
El verdadero problema del AILA no es el concreto, sino la institucionalidad. La Dirección General de Aeronáutica Civil es, a la vez, regulador y operador, un conflicto que garantiza la ineficiencia. El gobierno promete una nueva Ley de Aviación para resolver esto, pero insiste en gastar primero. La secuencia carece de lógica, a menos que el objetivo sea aprovechar las reglas débiles actuales para ejecutar un contrato inflado.
La batalla real está en la formulación de esa nueva Ley de Aviación. Se debe exigir un marco que garantice la competencia —incluso de aeropuertos privados— y la transparencia. El futuro de la principal puerta de entrada a Guatemala definirá si seguimos con un modelo de privilegios para unos pocos o con un marco de competencia que nos beneficie a todos.