Publicado: Prensa Libre/ Guatemala, 3 de marzo del 2026
¿Reformas cosméticas o cambio de incentivos? Carroll Ríos de Rodríguez explica cómo, tras cuatro décadas de vigencia de la Constitución de 1985, las comisiones de postulación solo han derivado en opacidad, captura y búsqueda de rentas.
Luego de cuatro décadas de experiencias acumuladas desde que entró en vigor de la Constitución Política de 1985, muchos concluyen que las comisiones de postulación no funcionan como imaginaron sus creadores. Es necesario replantear la forma de elegir al fiscal general, al contralor general, a los magistrados ante la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros.
En teoría, las comisiones de postulación tendrían que haber fortalecido el Estado de derecho. Sus integrantes debían identificar a competentes y honrados compatriotas para conducir los asuntos de entidades estatales independientes. Sentaron a la mesa a académicos y profesionales para dar un brillo técnico y transparente a los procesos. Montaron un experimento, similar al del niño que prepara, para la feria científica escolar, una mezcla química que convierte un líquido turbio (político) en uno transparente (tecnocrático).
En la práctica, domina la opacidad. Las reglas del juego de las comisiones de postulación engendran incentivos perversos. Surgen nuevas universidades con flamantes rectores y facultades expresamente para mandar representantes a las comisiones de postulación. Cuando las comisiones favorecen a candidatos con doctorados, los candidatos proceden a acumular títulos, dejando de lado la rigurosidad académica. Y más.
Adicionalmente, surgen oportunidades para la búsqueda de rentas. Tanto los integrantes de las comisiones como los candidatos a cargos públicos son susceptibles de ser presionados y de presionar a otros para satisfacer intereses personales, partidistas o sectoriales. Los partícipes en el proceso pueden comprar influencias, intercambiar votos por favores, y capturar a los entes fiscalizadores para proceder con impunidad.
Ningún método alterno será perfecto, pues por definición en la arena política tienden a formarse facciones, y hay tanto ganadores como perdedores. Los incentivos perversos y la búsqueda de rentas se pueden mitigar a través de reglas que crean mejores incentivos. Si trasladamos la decisión de las actuales comisiones de postulación al Ejecutivo o al Legislativo, o convocamos a elecciones populares, crearíamos nuevas consecuencias, tanto positivas como negativas. El cabildeo es más costoso y complejo conforme aumenta el número de tomadores de decisión y el grupo es más amorfo. Pero si quien decide es una única persona, y esta es relativamente visible (el presidente, por ejemplo), entonces él incurre en costos políticos y pierde popularidad si amaña el proceso o nombra a un candidato con serias tachas.
Los reformadores deben optar por unas reglas del juego simples y claras, que no se presten a divergentes interpretaciones. Los electores deben regir sus decisiones con base en criterios objetivos. Los ciudadanos deben comprender las deliberaciones para fiscalizarlas adecuadamente. Extensas listas de filtros, de arbitraria interpretación, dan pie a discusiones bizantinas, al incumplimiento de plazos y a la judicialización de los procesos. Una ronda final al azar, como una tómbola de lotería, por ejemplo, reduciría la manipulación y el cabildeo.
Los reformadores deberían liberar a los funcionarios universitarios, incluso a los de la Universidad de San Carlos (Usac), de su obligada participación en estos procesos de elección. La politización de las universidades afecta adversamente la calidad de la oferta educativa. Los rectores y decanos cargan con desgastes, calumnias y hasta amenazas a sus vidas, porque por ley deben dedicar parte de su tiempo a las comisiones, en vez de servir a cabalidad a la comunidad universitaria.